5 años de Ayotzinapa: ¿qué fue de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada?
Stephanie González
Están por cumplirse 5 años de esa terrible noche del 26 de septiembre de 2014, donde desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Hecho que conmovió a la población mexicana, pues jóvenes desarmados, fueron interceptados por la policía y el ejército mexicano para ser atacados y posteriormente desaparecidos. Y, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (17.11.17), decretada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, no ha sido útil para encontrarlos.
La Ley en Materia de Desaparición Forzada, fue resultado de la presión ejercida por los familiares de las personas desaparecidas y por el movimiento de solidaridad por Ayotzinapa. El ex presidente, incorporó la problemática a la agenda pública, como forma de decir que se estaba haciendo algo al respecto sobre las recomendaciones de el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes se encargaron de hacer una investigación independiente del caso y desmintieron la Verdad Histórica del gobierno (2015, 2016).
Sin embargo, directamente sobre el tema de Ayotzinapa, el mismo ex presidente, se encargó de obstaculizar las investigaciones y la creación de lo mismo que la ley proponía, como un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas o bien, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que, aunque se constituyeron, no tuvieron nunca un plan de trabajo.
La nueva Ley, entonces, se encargaría de hacer el trabajo del GIEI y el EAAF, y fue la forma como se argumentó que no se volvería a hacer renovación de mandato de dichos profesionales.
No obstante, del año en que se decretó la ley (2017) a la fecha, no se ha tenido ningún avance ni resultado. Esto debido. A que la Ley, no fue un acuerdo entre las partes implicadas, sino una propuesta directamente desde el gobierno. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, nunca estuvieron conformes.
En 2018, el cambió de presidente y gobierno llegó. La nueva administración, tuvo que posicionarse al respecto diciendo que apoyaría en la búsqueda de la verdad.
La ahora Fiscalia General de la República (FGR), antes PGR, el pasado 18 de septiembre de 2019, anunció a través del fiscal Alejandro Gertz Manero, que iniciará “la investigación desde cero”, causando escándalo, ya que dejaron en libertad a 77 de los 142 implicados en el caso, entre ellos a policías acusados de la desaparición. Y, entre los que aún se encuentran detenidos, y no se sabe qué pasará, son los exgobernadores de Iguala, Guerrero (los Abarca), junto con los supuestos sicarios responsables de los hechos.
La FGR no ha dicho que pasará con la Ley, pero queda claro que no ésta funcionando ni buscan generar una estrategia útil. Es entonces, que parece un momento oportuno para que los actores sigan en movimiento.
La investigación hasta la fecha, no puede borrarse para “empezar desde cero”. Esa misma investigación nos habla de complicidades y encubrimientos de las personas responsables de dichas instituciones. Es por ello, que más allá de la FGR, se necesita crear una Comisión Independiente, que pueda reunir las aportaciones de investigaciones como la del GIEI y el EAAF; además, de modificar la Ley en Materia de Desaparición, para abrir paso a intervenciones independientes y no solo federales.
Nos queda señalar la necesidad de la creación de políticas públicas integrales, que puedan prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada; mismas, que deben integrar los testimonios de los familiares, porque las propuestas en las que no se escuche a las víctimas o implicados, difícilmente resolverán las problemáticas existentes al no abordarlas como se debe.