Stephanie Yamile González González
Ensayo para el curso Derechos Sexuales y Reproductivos (3a ed.)
por la Universidad de Chile, nov-dic 2022.
La autonomía corporal puede entenderse como el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar de tener el poder y la capacidad de decidir libremente sobre el presente y futuro sus cuerpas; en este sentido, la lucha por el aborto legal, seguro, gratuito y libre representa un pilar esencial en la lucha por este derecho ya que desafía el mandato patriarcal de la maternidad como destino para las mujeres.
Soy Fanny González, pertenezco a la colectiva mexicana “Aborto Legal México” (ALM) donde llevamos una lucha por los DDSSyRRde todos los días. Entre las acciones que realizamos son los acompañamientos de aborto voluntario con medicamento de manera gratuita, confidencial y voluntaria. Desde mi experiencia personal he visto casos muy variables de mujeres y personas con capacidad de gestar que buscan un aborto: menores de edad que fueron violadas, profesionistas que desean continuar con su trabajo o carrera, quienes ya tienen hijxs y no desean más, o a quien simplemente le falló el anticonceptivo. Por el motivo que sea, garantizar un aborto seguro tendría que ser una política estatal clave por la igualdad y no discriminación; no obstante, en México eso no ocurre.
México es una república federada, cada Estado tiene autonomía, por ende, un Código Penal y una Ley de Salud Propia, mismas que no deben estar por encima de lo que dicta el Código Penal Federal y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Cada Estado ha regulado sus causales de aborto, dejando una disparidad de acceso a nivel nacional: dependiendo dónde te ubiques será si puedes o no acceder a un procedimiento (y con límite de semanas). Esto es discriminatorio en todos los sentidos, y nuestro máximo tribunal de justicia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya lo determinó en una sentencia de 2021: 148/2017.
La sentencia extiende la titularidad del derecho a decidir exclusivamente a mujeres y personas con capacidad gestante argumentando que es su libertad personal la que está de por medio y que el Estado (ni la pareja) debe intervenir en una decisión personal. Su objetivo es retirar de los códigos penales el aborto como delito. La sentencia nos dice que el derecho a la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad brindan cobertura a la libertad de la acción y el Estado no debe tener una postura paternalista de “proteger” a las mujeres cuando ellas son seres racionales, individuales y autónomas. En el punto 116 define a la salud reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y procesos. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad de decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia”.
Es una sentencia histórica y muy significativa para la sociedad en general, sin embargo, a más de un año de su aprobación, las cosas siguen iguales. La sentencia fue para el caso del estado de Coahuila, donde se derogaron los artículos que penaban el aborto. Más allá de eso (que ya es muy importante) solo en CDMX hay dos iniciativas de ley que proponen retirar al aborto voluntario del código penal y una de ellas, la primera, fue presentada por nuestra colectiva, lo que indica que los procesos legislativos se encuentran muy por debajo de las necesidades de las mujeres y disidencias. Las razones de ello, radican en el enfoque patriarcal y androcéntrico de las leyes mexicanas, que siempre buscan dejar a las mujeres y a la diversidad sexual en un segundo o hasta tercer plano.
Como reflexión final, quisiera decir que la lucha que llevamos desde la colectiva ALM, tiene varias estrategias, desde la práctica: atención de abortos, hasta la teórica legislativa: formulación de iniciativas que reformen el enfoque de castigo al aborto voluntario y que mejor garanticen el acceso al servicio.
La lucha por el aborto libre es la lucha por la autonomía corporal de las mujeres ya que implica tener ese poder y capacidad de decidir sobre nuestras cuerpas, misma que rebasa las propias condiciones estatales porque no atienden nuestras demandas. La autonomía, tiene dimensiones individuales y colectivas, como nos dice Rosa Celorio (2018), es nuestra integridad corporal, pero no solo eso, sino que “se extiende al ejercicio pleno de otros derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” porque de la maternidad voluntaria u obligada se desprende un futuro donde la mujer/persona con capacidad de gestar desarrollará su plan de vida y relaciones sociales. De ahí que necesitemos políticas claras de acceso a la información, de educación sexual integral pero también de acceso, de aceptabilidad, de accesibilidad y de calidad con los servicios. Es esencial que el aborto voluntario sea reconocido y respetado como lo que es: un derecho humano.


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